Un llamado para la defensa de Lan-Ha'

En México, como en otras naciones del mundo, la Arqueología está tutelada por el Estado, que ha declarado como patrimonio nacional los bienes arqueológicos, muebles e inmuebles, que en su territorio se ubiquen.

En el caso de nuestro país, desde su promulgación en el año de 1972, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (2011), a pesar de las discusiones y opiniones críticas en contra, se ha manifestado como un mecanismo útil para preservar tales bienes como dominio público(23) . Cabe recordar que esta legislación introdujo tres aspectos básicos para la protección de los sitios arqueológicos de nuestro país:

1. La definición amplia de monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles, o restos humanos, de flora o de fauna, relacionados con las culturas anteriores a la conquista en el siglo XVI;

2. la incorporación formal de la noción de "zona de monumentos arqueológicos", y

3. la creación del Departamento de Registro, actualmente la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del INAH, que se encarga fundamentalmente de registrar los sitios arqueológicos y sus delimitaciones espaciales y de promover la declaratoria legal de las zonas arqueológicas en nuestro país (Casado, et al. 2003: 144).

La validez jurídica de la ley de 1972 ha sido comprobada por diferentes autores, como Sánchez Cordero Dávila (1980: 55-70) o Williams García (1980: 93-112), entre otros. Por ello, a decir de Matos Moctezuma (1980: 125), a partir de 1972, "el patrimonio arqueológico pasa a manos de su legítimo propietario: el pueblo de México". Esto, sobre todo gracias al artículo 27 de la LFSMZAAH, que a la letra dice:

"Son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles, los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles"

El Estado mexicano se reserva así, por parte de la Presidencia de la República, el derecho a declarar las zonas arqueológicas como tales (Artículos 5º. y 37 de la LFSMZAAH y el Artículo 9 del Reglamento de la misma Ley), con lo que quedan protegidas de pleno derecho por la legislación federal de referencia. A los legítimos propietarios de los bienes inmuebles afectados tan sólo les queda la posibilidad de recibir una indemnización sobre una propiedad que, por lo demás, está fuera "del comercio" y no puede estar sujeta, por su naturaleza intrínseca, "al régimen del patrimonio de los particulares", por su carácter específico como "bien común" de una nación. Lo anterior, en opinión de Sánchez Cordero Dávila (1980: 67-70) que además concluye:

"Conforme a esos dos efectos determinantes, -inalienabilidad e imprescriptibilidad- debemos concluir que los monumentos arqueológicos tanto muebles como inmuebles son del dominio público; ello es congruente con lo establecido por el artículo 2, fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales... En efecto, en razón de que los bienes arqueológicos están sustraídos del comercio y no pueden estar sujetos al régimen del patrimonio de los particulares, no pueden ser objeto de contrato de compraventa: es jurídicamente imposible como se explicó..."(24)

Lo anterior sería la posición jurídica extrema al respecto. Otras voces, más moderadas, consideran:

"El que un área se considere oficialmente zona arqueológica -aun cuando cuente con declaratoria presidencial- no modifica el régimen de propiedad existente, sino sólo establece restricciones en el uso del suelo... [por lo que el INAH debe informar oficialmente a los interesados sobre tales restricciones,] además de gestionar la adquisición de los predios o encontrar medidas alternativas" (González Morelos, 2009: 507)

Como se ve, esta posición choca frontalmente con la opinión que citamos antes.

Nos parece que los daños intencionales que este importante sitio arqueológico presenta son muestra clara de que, al menos entre ciertos individuos o sectores sociales, la conservación y el respeto hacia los monumentos arqueológicos no se cumple, a pesar de que la misma Ley en su Artículo 1º. fracción II prevé efectuar una "labor educativa entre los miembros de la comunidad, sobre la importancia de la conservación y acrecentamiento del patrimonio cultural de la Nación". Como se ve, letra muerta en este caso.

Debe decirse que, al detectar la destrucción intencional de que hablamos, procedimos a denunciar tal situación ante las instancias municipales, estatales y federales correspondientes, con resultados inciertos hasta el momento, si bien está en curso una demanda de carácter penal ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación, Delegación Estatal Querétaro de la PGR en San Juan del Río, Qro. (A.P./PGR/QRO/SJR-VII/095/2011) en contra de los posibles responsables de la destrucción del sitio arqueológico.

Por parte del INAH están informados del asunto la Coordinación Nacional de Arqueología, la Dirección de Estudios Arqueológicos, la Dirección del Centro INAH de Querétaro y la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos. Y por parte del gobierno queretano, la misma Oficina del C. Gobernador Constitucional de Querétaro. Aparentemente, la afectación del sitio arqueológico se encuentra detenida momentáneamente.

Además, el caso adquirió una difusión de carácter periodístico, a través de la televisión local de la Sierra Gorda(25) , y periódicos regionales(26) y otro nacional(27) , donde se denunció el hecho. También, los resultados al respecto fueron imperceptibles, fuera de un "escándalo mediático" momentáneo de poca trascendencia, finalmente.

Por otro lado, y como elemento que también agrava la situación que comentamos, la excavación ilegal de la mina de tierra, además de al sitio arqueológico, afecta también la "Reserva de la Biosfera" que constituye la Sierra Gorda queretana desde el 19 de mayo de 1997, cuando fue declarada como tal por decreto presidencial. Debe considerarse que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente(28) protege la zona y está siendo violada impunemente por los mismos destructores del sitio de Lan-Ha' si se considera la excavación ilegal que se efectuó en el área. (29)

Como reserva de la biosfera, son casi 400 000 hectáreas de gran biodiversidad, en las que habitan al menos 15 tipos y subtipos de vegetación diferente, más de 1800 especies de plantas, 124 de hongos y 550 especies de vertebrados, entre otros elementos que comprueban la riqueza natural de la región(30) desde esta perspectiva también. Por lo mismo, y bastante "teóricamente", se encuentra a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno mexicano. Denunciamos la afectación de esta reserva natural ante los representantes locales, en Querétaro, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con resultados nulos hasta ahora.

Por todo lo anterior, solicitamos la urgente solidaridad de la comunidad académica, mexicana y extranjera, para presionar y lograr se realice una intervención directa y enérgica del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México para la salvaguarda del sitio. A nivel internacional denunciamos esta situación en el XXXIII Congreso Internacional de Americanística "Circolo Amerindiano", efectuado del 2 al 9 de mayo de 2011 en la ciudad de Perugia, Italia. Ahí logramos la solidaridad de los asistentes al evento, misma que se tradujo en un documento dirigido a la Dirección General del INAH solicitando su intervención para la salvaguarda del sitio.
Para terminar, realizamos las propuestas siguientes para salvaguardar el sitio arqueológico del que nos ocupamos aquí:

1. Continuar presionando a las autoridades para que ejerzan las atribuciones legales que la ley les confiere en la protección de los sitios arqueológicos nacionales, en este caso, específicamente del sitio de Lan-Ha'. Al respecto, la coadyuvancia de las autoridades estatales y municipales para apoyar al INAH en esta labor puede basarse jurídicamente en el Artículo 120 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2012), que a la letra dice: "Los gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales".

Por lo demás, frente a las dificultades para la preservación de éste y otros sitios arqueológicos en nuestro país, parece necesario retomar la discusión que se dio en 1999 en torno a la necesaria reforma de la Ley vigente, para lograr una preservación más ágil y efectiva del patrimonio cultural mexicano(31) . Fuera de declaraciones incendiarias y el "rasgado de vestiduras" en la defensa del patrimonio histórico-arqueológico nacional, lo que se requiere es una defensa REALISTA de aquél. Porque la realidad de la destrucción intencional de Lan-Ha' es ejemplo claro al respecto. (32)

2. Buscar mecanismos de protección del sitio, desde la Declaratoria de Zona de Monumentos Arqueológicos(33), o alguno de los que propone Sánchez Nava(34): la articulación de planes y proyectos de desarrollo nacional en coordinación con autoridades estatales y municipales para establecer áreas de competencia y de coordinación en la defensa de los sitios arqueológicos en peligro de destrucción; el trabajo coordinado con las mismas comunidades donde se ubica el sitio, para hacerlas conscientes del posible beneficio que obtendrían merced a la apertura de una zona arqueológica en la que podrían prestar sus servicios; el uso jurídico como formas de protección que se podría hacer de otros instrumentos, como la de "reservas de la biosfera", de que ya hablamos, o las declaratorias de "Patrimonio de la Humanidad" que realiza la UNESCO.(35)

3. Al respecto, una acción que nos parece aplicable para el caso de Lan-Ha' es la que comenta González Morelos(36): "la posibilidad de que los gobiernos municipales coadyuvaran con el INAH decretando zonas de reserva cultural las áreas contenidas en las poligonales del RPMZA [Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas.] Estas superficies de reserva cultural estarían sujetas a una reglamentación definida por el instituto".

De hecho, la Presidencia Municipal de Landa de Matamoros, Qro., municipio en el que se encuentra el sitio arqueológico, como resultado de nuestras gestiones y denuncias nos hizo saber, en oficio del 6 de enero de 2011, que la Unidad Jurídica del municipio establecería un anteproyecto para establecer las líneas de acción necesarias para la defensa y protección del sitio arqueológico. Lo anterior fue resultado de las propuestas concretas de protección del sitio que hicimos ante las autoridades municipales, que no transcribimos por razones de espacio en estas páginas. Empero, hasta el momento (febrero 2013) no se ha implementado esta resolución. Podría retomarse esta "buena disposición" de las autoridades locales para proponerles su participación más directa en el caso de la protección del sitio arqueológico de Lan-Ha', el más importante de la región serranogordense en su porción noreste, y uno de las más notables de esta área de singular belleza y riqueza arqueológica, histórica y natural, la Sierra Gorda de Querétaro, México (figura 28).

 

Figura 28.  Frontera y límite naturales así como abastecedora de materiales inorgánicos:la Sierra Gordaqueretana.

 

(23) Cfr. el texto de la ley actual y de legislaciones anteriores sobre la materia, desde la de 1934, en Salvador Díaz-Berrio Fernández, Conservación de monumentos y zonas monumentales, México, SEP, 1976, 222 p., ilus., (SepSetentas, 250): 149-200) y Julio César Olivé Negrete, “Reseña histórica del pensamiento legal sobre arqueología”,  en Julio César Olivé Negrete. Obras escogidas, 2 v., B. Cottom (comp.), México, INAH, 2004,  (Científica, 456):  I,  289-308.  Una crítica reciente a la Ley vigente y propuestas para su  modificación, en  Judith Amador Tello,  “Nuevo embate contra la ley del patrimonio”, Proceso, México, D.F., año 34, núm. 1794,  2011:  60-62.

(24) El texto de la "Ley General de Bienes Nacionales" en J.C. Olivé y B. Cottom, (coords.), INAH. Una historia, 3ª. ed., 3 v., México, INAH, 2003: II, 333-338.

(25) Erick Ventura Mendoza, "Reportaje. Destrucción del sitio arqueológico de La Campana en el municipio de Landa de Matamoros", Noticiero de la Sierra, Canal 9 del Sistema de TV Queretana, 6 de enero de 2011, 20 hrs. y 7 de enero 9 hrs.

(26)" Saquean zona arqueológica en Landa", El Regional, Jalpan de Serra, Qro., sábado 16 de enero de 2011, en http://www.elregionaljoven.com, consultado el 17 de enero de 2011.

(27) Mariana Chávez, "Destruyen vestigios arqueológicos", La Jornada, México, D.F., lunes 10 de enero 2011: Estados, 28.

(28)"Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente", [publicada el 28 de enero de 1988, última reforma el 4 de junio de 2012,] en Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, documento PDF, fecha de consulta 14 de febrero de 2013.

(29) En un sentido amplio, la misma Ley Federal de 1972 protege el entorno natural de los sitios arqueológicos, como explica Julio César Olivé, "El patrimonio histórico-cultural", en B. Cottom, comp., Julio César Olivé Negrete. Obras escogidas, 2 v., México, INAH, 2004, (Científica, 456): II, 781.

(30) "Reserva de la biosfera de la Sierra Gorda", www.jornada.unam.mx/viajera/?destino=queretaro8seccion=03, consultado el 27 de enero de 2011.

(31) Vid. el puntual análisis de las deficiencias de esta legislación en Federico Arturo Schroeder Cordero, "Legislación protectora de los monumentos y zonas de monumentos en México", en J.L. Soberanes Fernández, (coord.), Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM, (Estudios Históricos, 17), pp. 669-684.

(32) Cfr. la iniciativa de reforma de la Cámara de Senadores a la Ley de 1972 de fecha 28 de abril de 1999 (mecanoescrito); el "Análisis General de la Iniciativa de Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación" que hizo la Delegación Sindical del Personal Académico del INAH (mecanoescrito), con fecha 17 de mayo de 1999 y la entrevista que concedió la entonces directora del INAH, Ma. Teresa Franco, al respecto. Renato Ravelo, "Un mito, que el INAH puede evitar la destrucción del patrimonio cultural", La Jornada, México, D.F., serpiente.dgsca.unam.mx/jornada/1999/may99/99032.html, consultado el 9 de junio 1999. Vid. también las certeras reflexiones de Jorge S Sánchez Cordero Dávila, "Agravio cultural", Proceso, México, DF., núm. 1886, 2012: 30-33. sobre las deficiencias en el actuar del Instituto en problemas similares recientes.

(33) Al respecto, Débora Lucía Muñoz Rivas, "Guía para conformar el expediente técnico como sustento académico y jurídico para conseguir la Declaratoria de Zona de Monumentos Arqueológicos", en S. Mesa Dávila, M. T. Castillo Mangas, P.F. Sánchez Nava y M. Medina Jaén, (coords.), Memoria del registro arqueológico en México: treinta años, México, INAH, 2009, (Científica, 548): 599-609, ofrece una serie de consideraciones bastante prácticas para el desarrollo del proceso jurídico que desemboque en tal Declaratoria, a decir de García Bárcena, "la protección jurídica más amplia que nuestra legislación prevé para un sitio arqueológico". Apud. Pedro Francisco Sánchez Nava, "Registro, delimitaciones, declaratorias y otras alternativas de protección del patrimonio arqueológico inmueble", en S. Mesa Dávila, M. T. Castillo Mangas, P.F. Sánchez Nava y M. Medina Jaén, (coords.), Memoria del registro arqueológico en México: treinta años, México, INAH, 2009, (Científica, 548): 594.

(34) Pedro Francisco Sánchez Nava, "Registro, delimitaciones, declaratorias y otras alternativas de protección del patrimonio arqueológico inmueble", en S. Mesa Dávila, M. T. Castillo Mangas, P.F. Sánchez Nava y M. Medina Jaén, (coords.), Memoria del registro arqueológico en México: treinta años, México, INAH, 2009, (Científica, 548): 594-597.

(35) En el caso de la Sierra Gorda, las cinco misiones franciscanas de la Sierra Gorda fueron declaradas así en 2003 "Misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro", Arqueología Mexicana. Edición especial 39. México en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO, México, D.F., 2011: 37).

(36) Aldir González Morelos Zaragoza, "Santa Cruz Acalpixcan. Una experiencia de protección integral en proceso", en S. Mesa Dávila, M. T. Castillo Mangas, P.F. Sánchez Nava y M. Medina Jaén, (coords.), Memoria del registro arqueológico en México: treinta años, México, INAH, 2009, (Científica, 548): 506-507.